Pregunta.- Fundación Mutualidad Abogacía nace hace 20 años de la mano de la Mutualidad de la Abogacía. Pero, por contextualizar, ¿qué es esta entidad y qué ofrece a sus mutualistas?

Respuesta.- La fundación cumple este año su XX aniversario. Durante los primeros 17 años, hemos asumido la acción social de la Mutualidad en forma de obra social procurando ayudas a los profesionales del Derecho en situaciones difíciles. Sin embargo, en 2019 realizamos una reflexión estratégica para asumir, no solo la misión de acompañar a los profesionales del Derecho, sino también la de promover la cultura del ahorro y del envejecimiento para mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. Esto supuso continuar ofreciendo y otorgando ayudas, por supuesto, pero quisimos estar más cerca del colectivo jurídico, primero, entendiendo sus necesidades, para, gracias a ello, poder desarrollar iniciativas de impacto que no solo redunden en la mejora de sus trayectorias profesionales, sino que también contribuyan a mejorar su calidad de vida y la de las personas, en general.

P.- Los cuatro pilares impulsados por Fundación Mutualidad Abogacía –que usted dirige desde 2021– son: la cultura del ahorro, el talento jurídico, la economía del envejecimiento y el compromiso social. ¿Cómo promueven cada pilar y con qué objetivos?

R.- Desde la perspectiva de compromiso social, la Fundación continúa concediendo más de 3.500 ayudas y becas al colectivo jurídico, por un importe de casi tres millones de euros. En Talento Jurídico, la Fundación promueve iniciativas para facilitar el acceso a la profesión a aquellos estudiantes que, teniendo un rendimiento académico excelente, tengan dificultades económicas para cursar el Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura. Para ello, anualmente, durante los últimos 11 años, concedemos 150 becas por valor de 2.000 euros para estos futuros abogados y abogadas. Por otra parte, desarrollamos iniciativas que permitan identificar oportunidades para el ámbito jurídico, ya sea en la digitalización y el emprendimiento a través del Lab de emprendimiento Jurídico, o a través de formaciones específicas, como en la especialización en la defensa de los derechos de los mayores. También tenemos el foco puesto en diferentes segmentos de ejercicio del Derecho identificando necesidades y desarrollando iniciativas que nos permitan anticipar situaciones de posible vulnerabilidad en el desarrollo de la profesión. Desde el pilar de la cultura del ahorro, impulsamos la investigación que nos permita realizar un diagnóstico de los hábitos de ahorro e inversión desde una perspectiva personal y profesional en el Observatorio del Ahorro Familiar. A partir de esta generación de conocimiento, ponemos en marcha iniciativas que nos permitan transformar estos hábitos en unos más saludables, protegiendo a la población en general y, especialmente, a los más vulnerables de situaciones económicamente difíciles. Por último, sobre el pilar relacionado con la economía del envejecimiento, señalar que este se articula desde la Escuela de Pensamiento y su Consejo Científico, el cual tiene como objeto idear y promover iniciativas que permitan la eliminación del edadismo y la promoción de la calidad de vida de las personas mayores, poniendo el foco en el valor capital que el sector jurídico tiene en su defensa. Ejemplo de ello, ha sido la formación realizada recientemente sobre protección jurídica para personas de edad avanzada. Una iniciativa que facilita la transformación de la sociedad a través del ejercicio profesional de los abogados en la defensa de las personas mayores, un colectivo tan amplio y necesitado de apoyo, que es a la vez una oportunidad de especialización profesional. Destaca también el Indicador de Vida Digna y Sostenible (European Elderly dignity Index –EEDI–), un trabajo de investigación que revela, entre otras cuestiones, el grado de cumplimiento de los ODS con las personas mayores y su comparativa europea, y que fue presentado en la Comisión Europea a principios de 2023.

P.- En su opinión, el colectivo de las personas mayores, un grupo de población al alza, ¿está suficientemente protegido? Es decir, ¿están las leyes adaptadas a esta nueva realidad que es el envejecimiento de la población? Si las hay, ¿qué carencias observa?

R.- El ordenamiento jurídico da protección a toda la población. Nunca antes se había realizado una reflexión del mismo desde la perspectiva de los mayores hasta que en 2021, desde la Fundación Mutualidad Abogacía, publicamos el Tratado de Derecho y Envejecimiento. Una publicación que tiene como finalidad revertir este panorama de olvido y desatención, contribuyendo a modular una sociedad integradora de los mayores, en la que estos vuelvan a ser ciudadanos sin limitaciones, abierta a la igualdad, a la solidaridad y a la promoción de sus derechos, velando por el amparo jurídico en situaciones de vulnerabilidad y desprotección. Las leyes, en general, (tanto nacionales como internacionales), desafortunadamente, no contemplan los derechos y libertades de las personas mayores, ni sus necesidades normativas específicas. Ejemplo de ello es la falta de definición y concreción del colectivo en cuestión debido a su enorme heterogeneidad. Una carencia de base que dificulta poder ofrecer soluciones legislativas ad hoc precisas.

P.- ¿Existe el edadismo en el ordenamiento jurídico? ¿Cómo debería combatirse?

R.- Por supuesto. Desde Fundación Mutualidad Abogacía, como miembro de la Mesa Estatal de las Personas Mayores, pensamos que el marco legislativo existente no garantiza la protección de los derechos de las personas mayores. A pesar de que, en el año 2002, Naciones Unidas aprobó el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (MIPAA), que incluye recomendaciones para abordar los objetivos socioeconómicos en relación con el desarrollo, la salud y el bienestar y los entornos amigables de las personas mayores, este plan no es vinculante jurídicamente y no incluye mecanismos independientes de supervisión, responsabilidad e investigación. Además, este plan omite importantes cuestiones de Derechos Humanos y carece de acciones específicas para abordar la discriminación por razón de edad. Nosotros, al igual que el resto de los miembros de dicha Mesa, defendemos que es necesario que las autoridades políticas participen en el grupo intersesiones de Naciones Unidas y que desde la Presidencia de la Unión Europea se impulse una Estrategia Europea de Personas Mayores.

P.- Es evidente que falta formación e información entre las personas mayores sobre muchos de sus derechos. ¿Sobre qué beneficios incidiría que, quizás, este colectivo debería estar alerta o desconozca?

R.- El espectro de necesidades es tan variado que es difícil pronunciarse. Desde la Escuela de Pensamiento percibimos que las sociedades modernas necesitan un cambio de enfoque que favorezca la eliminación de los estereotipos, promover el respeto hacia el otro y fomentar el diálogo intergeneracional entre otras cuestiones. En el Tratado Derecho y Envejecimiento –anteriormente mencionado–, destacamos la relevancia que tiene para nosotros materias esenciales como la jubilación, en cuanto cese de la actividad laboral o profesional. En Derecho Comparado encontramos iniciativas que tratan de flexibilizar el final de la actividad productiva, admitiendo su prolongación, bien retrasando directamente la edad de jubilación (porque se entiende que al mejorar el estado de salud y las expectativas de vida, el sistema de pensiones no puede absorber la creciente población llamada pasiva si puede continuar con su trabajo), o bien estableciendo períodos de semijubilación que sean evaluables según la capacidad y el estado de salud del interesado, o de forma voluntaria. Nos preocupa también la necesidad de que se refuerce una adecuada reacción y prevención de los maltratos contra las personas mayores y del abandono de los deberes legales de sustento y otros semejantes para/con ellas, así como garantizar un adecuado acceso a la Justicia y unas relaciones fluidas con las Administraciones públicas, sobre todo, a partir de su digitalización, que puede constituir un nuevo foco de marginación.

P.- Este verano han lanzado ‘Ayudas 65+’. ¿Qué ofrece este plan y quién puede beneficiarse?

R.- Fundación Mutualidad Abogacía, a través de la presente convocatoria de ayudas, ha querido tender una mano a aquellos mutualistas alternativos que actualmente son los beneficiarios de las prestaciones de jubilación más bajas. Para ello, partiendo del mutualismo, como principio rector, y la solidaridad, como valor capital, entre nuestros mutualistas, y tal y como se anunció en la Asamblea General de Mutualidad General de la Abogacía celebrada el 17 de junio de 2023, la Mutualidad aprobó una partida de un millón de euros con el fin de que desde la Fundación la repartamos entre los mutualistas que soliciten la ayuda y reúnan las condiciones indicadas en las bases de estas ayudas. Los beneficiarios de esta convocatoria han sido mutualistas alternativos beneficiarios/as que tengan reconocida la prestación de jubilación del Plan de Seguridad Profesional (PSP), Plan de Previsión Profesional de la Abogacía (PPPA), Plan Mutual de Previsión (PMP) o del Plan Universal en su sistema de Previsión Social Profesional, cuyos ingresos sean inferiores a 600 euros brutos mensuales y no posean un patrimonio superior a 43.200 euros (excluyendo la vivienda habitual).

P.- Recientemente han presentado el Observatorio del Ahorro Familiar. ¿Qué conclusiones destacaría?

R.- El Observatorio del Ahorro Familiar es una iniciativa conjunta de la Fundación Mutualidad Abogacía y la Fundación IE, que nace con el objetivo de llevar a cabo investigaciones pioneras con impacto social en las áreas relacionadas con el ahorro y la inversión de los hogares (motivaciones y barreras, sesgos de comportamiento, educación financiera, instrumentos de ahorro elegidos, mejores prácticas en distintos países, consecuencias micro y macroeconómicas de la distribución del ahorro, consumo vs ahorro de los hogares, inversión financiera vs inversión en inmuebles de los hogares, finanzas de las familias, etc.). Su intención es proporcionar una base sólida de conocimientos y de indicadores e índices desagregados sobre el ahorro de las familias, que permita enriquecer el debate sobre las formas de sensibilizar a la sociedad acerca de la importancia de fomentar la cultura del ahorro; dotar de conocimiento de valor e instrumentos a las instituciones para que puedan tomar las medidas necesarias para fomentar  patrones de conducta que incorporen el ahorro como una práctica habitual en las familias; e inspirar el diseño de las políticas económicas, fiscales, y monetarias en este sentido. Desde su creación hemos sacado un total de cinco informes que abordan desde la capacidad de resiliencia de los hogares españoles a sobreponerse financieramente a acontecimientos como la reciente pandemia, identificar brechas de género en materia de competencias financieras y cómo las mujeres a pesar de no auto reconocerse como poseedoras de conocimientos financieros, seguimos siendo quienes tomamos la mayor parte de las decisiones cotidianas sobre asignación de recursos en el hogar o como sorpresivamente, las personas mayores tienen mayores conocimientos financieros que el resto de la población, tanto en cuanto a conceptos se refiere, como en cuanto a comprensión de los principales productos de ahorro-inversión. La única noción que este grupo poblacional comprenden peor es la inflación, aunque si tienen claro y son conscientes de su impacto en sus cestas de la compra.

P.- Antes ha aludido al ‘European Elderly Dignity Index (EEDI)’ –‘Indicador de calidad de vida digna de las personas mayores: consideraciones de género’–. ¿Qué aspectos son calibrados y qué buscan con esta medición?

R.- El EEDI es un indicador compuesto diseñado para medir el envejecimiento digno y sostenible en la población mayor, analizando su comparativa longitudinal, por países y a lo largo del tiempo. Este nuevo índice define el buen envejecer acorde al marco de envejecimiento saludable presentado por la Organización Mundial de la Salud. Además, usa las agrupaciones presentadas en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, –los ODS–, para estructurar las dimensiones fundamentales de la vida de las personas que se evalúan. En su construcción tomamos como base las aportaciones metodológicas y las propuestas desarrolladas durante los últimos 25 años por investigaciones de organismos de investigación comunitarios y globales en el diseño de indicadores de envejecimiento activo y saludable (principalmente the Active Ageing Index) adaptándolas al marco de los ODS. El índice agrupa 11 ODS en ocho dominios que abarcan diferentes facetas de la vida de los mayores para obtener una visión lo más completa posible de su calidad de vida. Los subindicadores que lo componen se centran en medir aspectos relevantes como la situación económico-patrimonial de la población mayor, sus hábitos en ejercicio físico y nutrición, su esperanza de vida –general y en buena salud– y sus necesidades de cuidados de larga duración, su nivel educativo y habilidades TIC, sus formas de convivencia y cuidados que prestan a semejantes, su inserción en el mercado laboral, su localización por núcleos geográficos, o sus relaciones personales y su nivel de integración social.

P.- Para finalizar. La Justicia, en mayúsculas, se dice que atraviesa una profunda crisis en nuestro país –no sé si está de acuerdo–. ¿Están los abogados suficientemente reconocidos, valorados en nuestro país?

R.- Los abogados, en el momento de su colegiación, realizan un juramento en el que se comprometen a cumplir la constitución y el ordenamiento jurídico, además de observar las normas deontológicas de la profesión, de mucho calado ético y desde diferentes perspectivas, con el cliente, con los compañeros, etcétera. Además, tienen una vocación de servicio poco reconocida por la sociedad, siendo quienes velan por la defensa de todos, incluidos los más desfavorecidos o vulnerables, a través del turno de oficio. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, no creo que estén suficientemente reconocidos en el trabajo que realizan por convicción y en beneficio de la sociedad.